Por Rodolfo Ramirez
El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva y que sea declarado complejo el proceso judicial contra diez presuntos integrantes de una estructura criminal acusada de extorsionar, chantajear y estafar a ciudadanos residentes en Estados Unidos desde la provincia de Santiago.
La solicitud fue presentada tras la ejecución de la Operación XL526, un amplio operativo desarrollado por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, mediante el cual fueron desmanteladas las operaciones de la organización que, según las investigaciones, también se dedicaba al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
De acuerdo con el expediente, la red operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, donde sus miembros utilizaban plataformas tecnológicas y el dominio del idioma inglés para captar víctimas mediante anuncios en línea y posteriormente someterlas a esquemas de extorsión y chantaje.
Las autoridades sostienen que los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar a las víctimas y exigirles pagos bajo amenazas. Como parte de la presión ejercida, enviaban mensajes e imágenes violentas con el propósito de generar temor y obtener dinero de manera fraudulenta.
Las investigaciones han permitido identificar al menos 18 víctimas, mientras que los fondos obtenidos eran canalizados a través de transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras, plataformas digitales y criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de ocultar su origen y dar apariencia de legalidad a los recursos.
La Operación XL526 fue ejecutada por 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO), Homeland Security Investigations (HSI) y otros organismos de seguridad.
El Ministerio Público asegura que dispone de pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
Por la magnitud de la estructura, el número de implicados y la complejidad de las operaciones financieras investigadas, el órgano acusador considera necesario que el caso sea declarado complejo para profundizar las pesquisas y garantizar el desarrollo efectivo del proceso judicial.
TD: PP
