Por Rodolfo Ramirez
En la provincia de San Juan, al sur de la República Dominicana, se libra una de las luchas socioambientales más significativas de los últimos años. Comunidades enteras, organizaciones sociales, productores agrícolas, académicos y sectores religiosos han alzado su voz en rechazo a los proyectos de exploración minera, especialmente el denominado “Proyecto Romero”.
Lejos de ser una simple oposición ´´al desarrollo ´´, esta resistencia tiene profundas raíces en la defensa del territorio, el derecho al agua y la preservación de un modelo económico basado en la agricultura.
Una provincia que vive del campo.
El Valle de San Juan es considerado uno de los principales polos agrícolas del país. Sus tierras fértiles y su sistema de riego sustentado en ríos y presas permiten la producción de arroz, habichuelas, maíz y otros rubros esenciales para la seguridad alimentaria nacional .
Para los habitantes de la región, cualquier actividad que ponga en riesgo estas fuentes hídricas representa una amenaza directa a su forma de vida. Por ello, la consigna más repetida en las protestas resume el sentir colectivo: “El agua no se vende”.
Uno de los argumentos más sólidos contra la minería en San Juan es el riesgo ambiental. Según denuncian comunitarios y expertos, los proyectos mineros se ubicarían cerca de nacimientos de ríos fundamentales para toda la región sur, incluyendo afluentes del río San Juan, que abastecen varias provincias .
La preocupación no es infundada. Experiencias internacionales han demostrado que la minería metálica, especialmente la extracción de oro, puede implicar el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, con potencial de contaminar suelos y fuentes de agua.
De ahi que podemos asegurar que las manifestaciones efectuadas en en San Juan no han sido aisladas. En los últimos meses, la provincia ha vivido marchas multitudinarias, paros regionales y movilizaciones pacíficas que han paralizado actividades comerciales y educativas, muy especialmente la contundente marcha efectuada ayer Domingo 03 de Mayo, en donde hasta hubo que utilizar la fuerza del orden , evidenciando la tensión existente entre las comunidades y las autoridades.
Organizaciones como el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida aseguran que más del 90 % de la población rechaza la minería en la zona, alegando que el proyecto carece de “licencia social”.
Agricultura vs. minería: dos modelos en conflicto
El debate en San Juan no es solo ambiental, sino también económico. Por un lado, la minería promete Supuestamente inversión, empleos y crecimiento. Por otro lado, la agricultura representa una economía sostenible, tradicional y ampliamente distribuida entre la población.
Para muchos sanjuaneros, la minería podría desplazar o destruir la base productiva existente. “No se puede cambiar agua por oro”, repiten líderes comunitarios, aludiendo a que los beneficios mineros serían temporales, mientras los daños podrían ser irreversibles.
Más allá de los argumentos técnicos, la oposición a la minería en San Juan también se fundamenta en un principio democrático: el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro.
Diversos sectores sostienen que ningún proyecto de esta magnitud debe imponerse sin el consentimiento de la población local. En ese sentido, las protestas han sido interpretadas como una forma de participación ciudadana ante decisiones que impactan directamente su entorno.
La negativa de San Juan a la exploración minera no responde a una postura irracional ni al rechazo al progreso. Es, más bien, una defensa firme de su identidad, su economía y sus recursos naturales.
En un contexto global donde el acceso al agua se vuelve cada vez más crítico, la consigna de este pueblo resuena con fuerza:
sin agua, no hay vida; sin vida, no hay desarrollo posible, de ahi su consigna popular, Agua Si, Oro NO
