Por Rodolfo Ramirez
El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio a todos los acusados de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Pandora, señalada por sustraer y comercializar de forma ilegal miles de municiones y pertrechos de la Policía Nacional.
El fiscal de la Dirección General de Persecución, Enmanuel Ramírez, expresó su confianza en que el tribunal acogerá en su totalidad la acusación presentada por el órgano persecutor.
«Confiamos en que este tribunal enviará a juicio a todos los imputados que no llegaron a un acuerdo para que sean conocidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público», manifestó al concluir la audiencia preliminar.
Ramírez recordó que, debido a la contundencia de las evidencias, dos de los imputados admitieron los hechos mediante acuerdos penales abreviados y otros dos solicitaron ir directamente a juicio.
Como parte de esos acuerdos, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de arresto domiciliario y Miguelina Bello Segura a tres años de prisión, de los cuales cumplirá un año y seis meses bajo arresto domiciliario y el resto quedó suspendido. Además, el tribunal ordenó el cierre de la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L. y el decomiso de armas y municiones ocupadas durante los allanamientos.
La jueza Patricia Padilla fijó para el 29 de julio de 2026 la lectura de la decisión sobre la apertura a juicio.
Según el Ministerio Público, la estructura criminal desfalcó al Estado con RD$92.1 millones mediante la sustracción de miles de municiones y accesorios bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, durante la gestión del coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien permanece en prisión preventiva.
El expediente también involucra al capitán Nelson Valdez y a los imputados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes enfrentan distintas medidas de coerción.
La Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024, reveló una presunta red dedicada a desviar armas, municiones y explosivos de la Policía Nacional para comercializarlos ilegalmente. Los acusados enfrentan cargos por desfalco, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, violación a la Ley de Armas y lavado de activos, entre otros delitos.
TD: PP
