Por Rodolfo Ramirez
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salida y presentación periódica ante el tribunal a «La Tora», acusada de difamación.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso el jueves medida de coerción contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como «La Tora«, consistente en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal.
La medida fue dictada por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, luego de levantar la rebeldía que pesaba en contra de la imputada, quien es acusada de difamar a la periodista Iluminada Muñoz.
El juez conoció la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y, tras acoger el pedido de este y de la parte querellante representada por los abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, dispuso las condiciones señaladas.
En su decisión, el tribunal argumentó que la medida impuesta a la comunicadora resulta proporcional e idónea, razón por la cual la fundamentó en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 131 del Código Procesal Penal, alegando peligro de fuga y que se había mudado de domicilio y no lo había notificado.
Los abogados de la parte querellante justificaron la solicitud señalando que la imputada es reincidente en no comparecer a los requerimientos que le han sido formulados por la justicia.
El tribunal fijó la lectura íntegra de la decisión para el próximo 10 de septiembre y aplazó el juicio preliminar seguido en contra de la comunicadora para el 23 de septiembre.
Esta mañana el juez había dictado una orden de arresto en contra de «La Tora» luego de que esta no se presentara al tribunal, donde estaba pautado el conocimiento del juicio preliminar y la medida de coerción en su contra.
Como parte de las medidas adoptadas, el tribunal dispuso también la colocación de un impedimento de salida del país contra Pérez Ramírez.
El juez también había ordenado la suspensión de la audiencia hasta que la comunicadora se presente de manera voluntaria o sea conducida ante la justicia para continuar con el proceso.
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