Por Rodolfo Ramirez
El Ministerio de Agricultura es objeto de una auditoría forense en curso por parte de la Cámara de Cuentas, bajo la lupa de la PEPCA.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, confirmó en exclusiva a elCaribe que los equipos técnicos del órgano fiscalizador ya ejecutan el trabajo de campo. “Está en el plan de auditoría, se está realizando y, de encontrar indicios de irregularidades, el expediente se remite al Ministerio Público, específicamente a la PEPCA”, afirmó.
Respecto al rigor de la investigación, Polanco Melo fue enfática: “Hasta que nosotros no tengamos los resultados, no podemos decirte, porqué nosotros es con la evidencia que damos las informaciones”.
El contexto actual de la auditoría
Esta intervención oficial ocurre en un contexto de alta tensión administrativa en la gestión iniciada el pasado 6 de enero de este año del ministro Oliverio Espaillat.
Esta enfrenta denuncias sobre la emisión irregular de permisos de importación de productos agrícolas, proceso que sectores productivos han señalado como un mecanismo de competencia desleal y posible fuente de beneficios indebidos.
También se suma la inestabilidad interna derivada de la renuncia masiva de siete directivos en abril pasado, quienes denunciaron presiones para avalar actos irregulares ordenados directamente por el titular de la institución.
La investigación se centra en los puntos más vulnerables del presupuesto: desde la gestión discrecional de permisos de importación hasta la construcción de caminos interparcelarios y servicios de roturación.
El objetivo de los auditores es determinar si las cubicaciones pagadas y las licencias emitidas coinciden con la realidad del mercado y la producción nacional, utilizando la plataforma Renagro para detectar “obras fantasma” y cruces de datos irregulares.
La CC clasificó como “información reservada” hasta el 2030 cualquier documento de esta investigación
El historial
Siete directivos presentaron renuncias conjuntas ante el ministro Espaillat.
Dimitieron alegando presiones para cometer actos irregulares, incluida la presunta adjudicación anómala de obras millonarias.
El país aguarda que la intervención de la Cámara de Cuentas y la PEPCA no se quede en el protocolo y derive en acciones concretas
¿Caso penal o administrativo?
La mención explícita de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirma que la auditoría no es de carácter administrativo, sino una intervención con fines penales bajo observación directa de la unidad de persecución de la corrupción.
A pesar de la relevancia del proceso, la Cámara de Cuentas ha blindado la información, con base en resoluciones del 2025 y 2026.
TD: PEC
