Por Rodolfo Ramirez
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Óscar Eduardo Franco Alcántara, imputado de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja, a quien lanzó ácido corrosivo en el sector Cristo Rey.
La medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El ataque
De acuerdo con la acusación, la noche del 22 de junio Franco Alcántara interceptó a la víctima en la Avenida Nicolás de Ovando esquina 41, donde le lanzó plomerito o “ácido del diablo”, provocándole quemaduras de primer, segundo y tercer grado en un 24 % de su cuerpo, según el reporte médico.
La mujer fue auxiliada por transeúntes que llamaron al Sistema 9-1-1 y trasladada en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, donde permaneció ingresada alrededor de dos meses debido a la gravedad de las lesiones. Actualmente continúa bajo atenciones médicas.
Pruebas y evidencias
El Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, médicas y documentales que incluyen mensajes de amenazas enviados por el imputado desde su celular.
También se incorporaron videos y fotografías que muestran el momento de la agresión y la huida del acusado, además de una memoria USB con grabaciones. Asimismo, mediante autorización judicial de interceptación telefónica, se comprobó que Franco Alcántara realizó llamadas a la víctima horas antes del ataque.
Arresto y enfrentamiento con la Policía
El imputado fue arrestado el 11 de julio de 2025, en cumplimiento de una orden judicial. Al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo “chilena”, municiones de diversos calibres y un celular.
Durante el operativo, Franco Alcántara se resistió al arresto y realizó disparos contra los agentes, resultando herido de bala en la pierna derecha. En el enfrentamiento también fue herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero, quien sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho, de acuerdo con el diagnóstico del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina.
El Ministerio Público aseguró que la medida de coerción busca garantizar la seguridad de la víctima y el adecuado desarrollo del proceso judicial por un crimen que calificó de grave y repudiable.
TD: PP
