Por Rodolfo Ramirez
El director general de Bienes Nacionales y presidente honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Abrahán Burgos Gómez, fue sometido a la justicia, acusado de abuso de poder, intento de extorsión y violación a varios artículos del Código Penal, del Código Civil y de la Constitución de la República Dominicana.
El empresario Oriolis Radhamés Olivero interpuso una querella con constitución en actor civil, mediante la cual imputa al funcionario de violar los artículos 174, 175, 177, 178 y 185 del Código Penal Dominicano, así como del artículo 146 de la Constitución y los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.
Según la querella depositada, Olivero acusa al funcionario de haberle exigido un pago irregular a cambio de liberar la documentación legal de una parcela de terreno adquirida por él ante el CEA. El querellante afirma que el intento de extorsión ocurrió a pesar de haber completado todos los pagos correspondientes por la propiedad, cuya compra inició en 2002 y formalizó en 2004, culminando el pago total en 2015.
De acuerdo con la querella, durante una reunión sostenida en su despacho, el director Rafael Burgos Gómez habría condicionado la entrega del título definitivo de propiedad a que el denunciante le cediera 500 tareas del terreno ubicado en Boca Chica, exigencia que este consideró irregular y contraria a la ley.
El documento señala que dicha actuación constituye un abuso de poder y una violación a los derechos de propiedad adquiridos legítimamente por el querellante. Por esa razón, se acusa al funcionario de los delitos de concusión, cohecho, abuso de autoridad y manejo de asuntos incompatibles con sus funciones, al presuntamente intentar obtener beneficios personales en un caso que se encuentra bajo su propia administración y control institucional.
En la querella, Olivero solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, a ser cumplida en el Centro Penitenciario La Victoria, con el fin de garantizar la comparecencia del funcionario durante el proceso.
También reclama una reclamación de daños y perjuicios ascendentes a 200 millones de pesos alegando perjuicios materiales y morales derivados de la actuación del funcionario.
Solicita intervención de la Embajada de Estados Unidos
Paralelamente a la querella penal, el señor Oriolis Radhamés Olivero, junto a su esposa Amy Chapuseaux, ambos de nacionalidad estadounidense, solicitaron la intervención y apoyo del gobierno estadounidense, alegando que se trata de un caso de abuso y extorsión por parte de un alto funcionario dominicano contra ciudadanos norteamericanos.
Mediante una comunicación dirigida a la Embajada, fechada el 14 de octubre de 2025, los denunciantes expresan su temor a represalias y aseguran haber sufrido afectaciones psicológicas y emocionales, especialmente la señora Chapuseaux, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una delicada cirugía cerebral en Estados Unidos.
La pareja sostiene que, debido a la negativa de Bienes Nacionales y el CEA de entregar el título de propiedad correspondiente, no han podido disponer del inmueble, que constituye su principal activo económico, y que el funcionario intentó condicionar la entrega del documento a un pago indebido.
Olivero y Chapuseaux solicitan que la Embajada de los Estados Unidos supervise el desarrollo del proceso judicial y que se garantice la integridad física y los derechos de ambos, mientras el Ministerio Público dominicano realiza las investigaciones correspondientes.
TD: PLD
