Por Rodolfo Ramirez
La comunidad de Romero, en la provincia de San Juan, ha sido escenario de un creciente interés por parte de empresas mineras debido a su riqueza en recursos naturales. Sin embargo, este auge minero ha generado un intenso debate entre los beneficios económicos y los posibles impactos sociales y ambientales. Este artículo examina los principales aspectos de la explotación minera en esta localidad, los actores involucrados y sus implicaciones para el desarrollo sostenible.
Ubicación
Romero es una comunidad rural ubicada en el interior de San Juan, caracterizada por su entorno natural, su economía basada en la agricultura y su creciente apertura a la actividad minera. La región ha sido identificada como poseedora de yacimientos de oro, cobre y otros minerales valiosos.
Protestas
En el 2022, decenas de personas marcharon en las principales calles de San Juan de la Maguana en rechazo de la empresa Gold Questy su no de una explotación minera. El presidente del Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Manuel Matos, acusó al Ministerio de Energía y Minas de estar en contubernio con la minera extranjera “para ejecutar el mayor crimen ecológico de Las Antillas”. Además pidió a la población a no creer las promesas de la empresa de llevar progreso a la provincia, asegurando que son falsas pretensiones.
El obispo de San Juan, monseñor Tomás Alejo Concepción, y diecinueve sacerdotes de las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña advirtieron al presidente Luis Abinader sobre “las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país”, de la pretendida explotación minera en el proyecto El Romero.
Impactos ambientales
Diversas organizaciones ambientales han expresado su preocupación por los riesgos asociados a la minería, incluyendo la contaminación de fuentes de agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los efectos sobre el suelo. Estudios preliminares advierten que el uso de sustancias tóxicas como el cianuro podría afectar los recursos hídricos que abastecen a la comunidad.
En San Juan, el senador Félix Bautista se opuso a la explotación de la mina de oro ubicada en la sección Romero, del Distrito Municipal Sabaneta, del municipio San Juan de la Maguana, por parte de una empresa canadiense Goldquest. Dice ser consciente de que RD tiene un plan general de explotación de recursos mineros, pero que la explotación en ese lugar sería altamente perjudicial para el Valle de San Juan y para la Región Enriquillo. Las razones por las cuales no puede ser explotada la mina es porque la misma está ubicada aguas arriba de la Presa de Sabaneta, la cual se nutre de aguas superficiales y aguas subterráneas, dicha presa garantiza el agua para la producción agropecuaria y para el consumo humano de la provincia.
Desde el punto de vista geológico cultural
De acuerdo con Gallego y García (1996), un patrimonio geológico es invaluable, e irrepetible, ya que, constituye el conjunto de recursos naturales no renovables de valor científico, cultural o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno o yacimientos paleontológicos y mineralógicos. Esto nos invita a reevaluar las consecuencias de la explotación minera de Romero en San Juan de la Maguana. La problemática va más allá de conservar recursos, es más bien, el reconocimiento de preservar parte de nuestra historia, velar por el cuidado de miles de vidas y especies y en definitiva ser fiel a nuestros principios y valores como ciudadanos de este país, no vendiendo nuestra conciencia ni permitiendo que manos extrañas se apoderen de una parte de nuestra historia por un puñado de pesos. Además, es importante entender que tanto las formaciones geológicas y los yacimientos paleontológicos y mineralógicos son testimonios insustituibles de la evolución de nuestra tierra.
Disposiciones de la constitución Dominicana
La Constitución ordena a los poderes públicos proteger las cuencas altas de los ríos y la biodiversidad. Su artículo 15 reconoce el agua como un bien de dominio público, esencial para la vida. En ese mismo sentido, Artículo 66 y 67: establecen el deber del Estado de proteger el medioambiente para las generaciones presentes y futuras. Por tanto, El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”
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