Por Rodolfo Ramirez
El municipio de Las Salinas, en Barahona, enfrenta una contradicción dolorosa: posee una de las minas de yeso más importantes del Caribe, pero su gente vive en la pobreza y en medio de graves daños ambientales.
Según denuncian los habitantes, la explotación minera, a cargo de Cemex Dominicana (hoy Cementos Progreso), ha dejado al pueblo sin los beneficios prometidos. En lugar del 5% de las ganancias netas que establece la ley, el ayuntamiento recibe apenas $2.30 pesos por tonelada de yeso, una cifra mínima frente al valor internacional del mineral, que supera los $700 pesos por tonelada.
El impacto ambiental también es evidente: el río Lemba, fuente de vida para cientos de familias agricultoras, prácticamente ha desaparecido por la contaminación del polvo de yeso. Los cultivos se han perdido, los conucos están secos y muchas personas sufren enfermedades respiratorias por el polvo que cubre el aire y los techos del pueblo.
Cansados de la desigualdad y el abandono, las autoridades municipales y la comunidad han llevado el caso a los tribunales, acusando a la empresa de daños ambientales, fraude y enriquecimiento ilícito. Reclaman el pago justo del 5% de los beneficios y la reparación ecológica del río y las tierras afectadas.
