Por Rodolfo Ramirez
Contratistas cobraron por obras no ejecutadas. El fraude en Educación no se mide en millones, sino en vidas afectadas
En República Dominicana la corrupción no solo devora presupuestos: devora futuros. Pocos espacios evidencian con tanta crudeza esa verdad como el Ministerio de Educación. Desde que el 4% del PIB fue asignado al sector educativo, la ilusión de una transformación nacional pareció al alcance de la mano: aulas dignas, comedores escolares, techos impermeabilizados, canchas deportivas y laboratorios listos para forjar una generación competitiva.
Pero detrás de las cintas inaugurales y los discursos esperanzadores se cocinaba un esquema que hoy sale a la luz con la precisión de un expediente forense: contratistas cobrando por trabajos incompletos, mal ejecutados o nunca realizados, y funcionarios internos avalando con sus firmas lo que jamás existió. El resultado: un círculo vicioso de escuelas deterioradas, mantenimientos eternos y facturas infladas que se repiten año tras año como un libreto aprendido.
Este no es un caso aislado. Es un secreto a voces: directores escolares que murmuraban entre dientes las irregularidades, comunidades que veían llegar cuadrillas a “simular” reparaciones, padres resignados a enviar a sus hijos a aulas que llueven por dentro. Todo era atribuido, desde la cúpula ministerial, a “errores aislados” o “problemas técnicos”. Sin embargo, el informe de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (Dgmie) desnuda la verdad: las entrañas del monstruo viven dentro del propio Ministerio.
Escuela Laboral Fidelina Reyes en Mao.
El Ministerio de Educación es un coloso presupuestario. Cada año mueve más de 200 mil millones de pesos, cifra que supera incluso a varios ministerios juntos. Esa magnitud, en lugar de blindarlo, lo volvió presa fácil de pequeños grupos enquistados en su propia burocracia.
No eran necesariamente los ministros o los grandes directores quienes operaban el fraude, aunque su indiferencia era el mejor aval. Eran las células internas: técnicos de supervisión, ingenieros residentes, encargados distritales, administrativos de mediana escala. Funcionarios que, con salarios modestos, encontraron en los contratos escolares una mina de oro.
Desde esos escritorios y oficinas técnicas se manipulaban mediciones, se alteraban informes, se firmaban conformidades que legalizaban lo inexistente. Un techo nunca impermeabilizado se convertía en “trabajo concluido”. Una cancha parchada era certificada como “nueva”. Un comedor de hormigón barato aparecía facturado como si fuese de granito importado. En la contabilidad, todo lucía perfecto. En la realidad, era la corrupción de oficina, esa que no necesita cámaras ni maletines, sino sellos y firmas.
El esquema circular. Las escuelas se reparaban a medias o no se reparaban. El deterioro avanzaba en cuestión de meses. La comunidad denunciaba. El Ministerio volvía a licitar un “mantenimiento correctivo”.
Y las mismas empresas, o sus clones bajo otro nombre, volvían a ganar el contrato. Cada techo con filtraciones y cada grieta en la pared es una nueva oportunidad de facturar.
La anatomía del engaño
El informe de los peritos de la Dgmie no deja espacio a la duda. La estafa no fue improvisada: fue diseñada. El fraude tenía seis engranajes principales:
Mediciones infladas. Se presupuestaban más metros cuadrados de los que existían. Un techo de 1,100 m2 aparecía como de 2,100 m2 en los documentos. La diferencia, convenientemente, se convertía en cobro.
Obras invisibles. Planteles enteros figuraban como “entregados” sin que se hubiera colocado un solo block. Techos que seguían filtrando, comedores sin terminar, canchas apenas maquilladas.
Materiales sustituidos. Donde debía haber aluzinc con aislante térmico, se colocaba madera barata. Donde se exigían lámparas LED, se instalaban bombillos corrientes. Y donde se pagó granito, se entregaba hormigón.
Empresas pantalla. Firmas creadas de la nada, con nombres reciclados, sin personal ni oficinas reales, pero con contratos millonarios. Al ser cuestionadas, desaparecían del registro y volvían con otra razón social.
La firma cómplice. Nada se pagaba sin el aval de un funcionario interno. Ahí entraban las células ministeriales: ingenieros, supervisores y administrativos que con una rúbrica transformaban la mentira en gasto legítimo.
El blindaje institucional. Cuando las irregularidades salían a la luz, se activaba la cadena de silencio: auditorías lentas, denuncias ignoradas, responsables trasladados en lugar de sancionados. La impunidad era parte del negocio.
Solo por mencionar a uno: mencionemos el caso del ingeniero interno del ministerio que firma como bien recibido – aún es empleado actualmente – y aunque esto no es asunto de una sola persona, su firma ilustra el funcionamiento.
Con un salario mensual de RD$44,591.25, era responsable de los levantamientos técnicos de cientos de millones. Sus firmas avalaron trabajos inexistentes, validando facturas millonarias. Su poder no provenía del cargo, sino de la llave que tenía en las manos: con su sello, un techo que seguía goteando quedaba certificado como “impermeabilizado”.
Las contratistas
Escuela Santa Teresita.
El informe menciona a Constructora Horizonte Dorado SRL, Grupo Bancor, Disk Multiservices y Molina Villalona & R Constructions, representadas por Ernesto Rosario Cambero. El patrón de irregularidades era idéntico: cobros millonarios por obras incompletas o no ejecutadas.
Horizonte Dorado SRL reconoció haber cobrado por impermeabilización no realizada, prometiendo “compensar” en facturas futuras. La confesión no es un acto de transparencia: es la prueba de que se ve al presupuesto público como un crédito abierto para negociar irregularidades.
Molina Villalona & R Constructions, negó haber participado en los trabajos auditados desde 2014. Su nombre, sin embargo, aparece en los documentos. ¿Se utilizó la empresa como fachada sin consentimiento? ¿Se falsificaron contratos? El vacío abre otra arista: la posibilidad de suplantación corporativa dentro del propio Ministerio.
Grupo Bancor y Disk Multiservices operan como compañías recicladas, sin trayectoria técnica comprobada. Son cascarones que nacen y mueren según la licitación, pero siempre regresan con otro nombre para seguir facturando.
El costo social de corromper el 4%
El fraude en Educación no se mide en millones, sino en vidas afectadas. Cada peso desviado se traduce en niños que estudian en aulas húmedas, maestros que enseñan en condiciones indignas y comunidades que pierden la confianza en las instituciones.
Escuela Juan Pablo Duarte (235 estudiantes): la empresa no instaló los lavamanos nuevos acordados, solo cambió accesorios. Resultado: baños deficientes, riesgo de enfermedades gastrointestinales, y la evidencia de un contrato mutilado.
Centro John F. Kennedy (512 alumnos): los LED de 18W fueron sustituidos por bombillos corrientes, los abanicos industriales nunca se colocaron. A media mañana, los salones se convierten en hornos. El aprendizaje se evapora junto con la atención
Dr. José Francisco Peña Gómez (387 alumnos): techos sin impermeabilizar, humedad constante, varillas corroídas y paredes que enferman. Los estudiantes conviven con moho y filtraciones, aprendiendo que la precariedad es su aula natural.
Santa Teresita: se pagó un comedor de primera, se entregó un cobertizo de segunda. Los metros de impermeabilizante cobrados superaban en casi 900 m2 la superficie real del techo. El dinero desapareció, la dignidad también.
La aritmética del fraude es brutal
Isidro Pérez: 2,170.25 m2 facturados, 1,466.98 m2 ejecutados.
Guatapanal: 1,184.00 m2 contratados, 651.91 m2 instalados (55%).
Politécnico del Nordeste: contrato de RD$7,388,918 para impermeabilizar 1,592.60 m2. No se colocó nada.
Cada diferencia de metros cuadrados se mide en goteras, calor, apagones y tiempo pedagógico perdido.
El calendario escolar se mantiene en el papel, pero se erosiona en la práctica: estudiantes reubicados, clases suspendidas, talleres clausurados.
El golpe más profundo es simbólico: la ruptura del pacto social. La escuela pública debía ser el primer espacio de dignidad garantizado por el Estado. Pero cada plafón viejo cobrado como nuevo, cada abanico no instalado pero pagado, cada cancha sin pavimento que se pagó como nueva, enseña a los niños que el país miente. Que la corrupción no solo está en los tribunales, sino en el techo bajo el que intentan aprender. Peor, les enseña que la corrupción es un sistema aceptado.
El círculo de la impunidad
El fraude en Educación no es solo un robo; es un mecanismo circular de reproducción del poder. La obra mal hecha genera nuevas necesidades de mantenimiento. El deterioro se acelera. Se convoca a nuevos contratos. Y los mismos actores —contratistas reciclados, técnicos internos cómplices— regresan al escenario con las mismas artimañas.
El Ministerio se convierte en un rehén de sus propias células internas. Los altos funcionarios, muchas veces más preocupados por sobrevivir en la danza política que por gerenciar, se apoyan en esos técnicos de mediano rango que dominan los procesos. A cambio de su lealtad, reciben protección. A cambio de su silencio, obtienen estabilidad. Y el ciclo se mantiene: el Estado paga dos, tres, hasta cuatro veces por la misma obra.
La cadena de impunidad se sostiene por la inacción de los órganos de control. La Cámara de Cuentas audita tarde, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental recibe cartas que no siempre significan acción, y la justicia se pierde en procesos interminables. Así, el mensaje a los corruptos es claro: robar en educación no solo es rentable, también es seguro.
La historia de las infraestructuras fantasma en Educación es mucho más que un expediente técnico. Es una crónica de cómo el Estado se desangra desde dentro, cómo las aulas se transforman en negocios privados y cómo la corrupción, cuando se combina con incompetencia, se convierte en el crimen perfecto contra el futuro.
Las aulas que hoy se caen, los techos que filtran, los comedores que no existen, no son accidentes: son la evidencia de un modelo que se repite en círculos. Un modelo en el que los contratistas ven al Estado como piñata y los funcionarios internos como cómplices silenciosos. Un modelo donde cada niño que estudia bajo un techo deteriorado aprende, antes que matemáticas o ciencias, que en su país la impunidad se enseña desde la escuela.
Queda el reto de romper este patrón y garantizar que los que hoy descubren, ante la falta de consecuencias, mañana no se corrompan.
TD. PEC
