Policía Nacional es la institución que más viola derechos

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Oficinas públicas, hospitales, trabajo y destacamentos policiales constituyen espacios de mayor vulneración

Contrario a su diseño y razón de ser -ofrecer servicios y atención a la población-, las instituciones estatales están en la mira de todos como las principales organizaciones responsables de vulnerar derechos por omisión o acción en el país

Son precisamente las oficinas del Estado, los hospitales, el trabajo, los destacamentos policiales y las clínicas los lugares donde las violaciones de los derechos son más frecuentes.

Esta afirmación está fundamentada en encuestas, consultas regionales, diálogos en las comunidades, monitoreo de medios de comunicación, estadísticas institucionales y análisis de jurisprudencia nacional.

Los datos fueron expuestos y analizados en el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos, presentado ayer por el defensor del Pueblo en el marco de la conmemoración del 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe revela que la salud, alimentación, igualdad, integridad personal, acceso a la justicia y a la educación, son los derechos menos garantizados en el país.

También se evidencia insatisfacción ciudadana en otros derechos sociales como el deporte, la seguridad social y la libertad.

“Esto confirma, por un lado, la percepción sobre el Estado como un agente agresor con respecto a la protección de los derechos humanos”, destaca el documento enfocado este año en “la calidad de los servicios públicos como base delestado de bienestar”. Según documenta la Encuesta Nacional de Derechos Humanos República Dominicana 2025 ENDH, en promedio entre 2023 y 2025, una de cada cinco personas dominicanas reportó haber sufrido una violación de sus derechos.

Este año como en versiones anteriores, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, señaló a la Policía Nacional como la institución que menos respeta los derechos humanos. Es la opinión del 50 % de los encuestados.

“Este porcentaje es un reflejo de la percepción ciudadana sobre el respeto institucional de los derechos fundamentales”, concluye la investigación.

Si bien los espacios de servicios de salud (hospitales y clínicas) fueron los lugares identificados con más frecuencia como espacios de violación de derechos, como institución la Policía Nacional fue la más reconocida como ente responsable de vulneración.

“Esto puede responder a que la actuación de las fuerzas del orden público empieza fuera del destacamento. Además, hay criterios subjetivos que pueden ser atribuidos a la percepción sobre las instituciones garantes de derechos, como la intensidad y el tipo de las violaciones que las personas perciben”, precisa el informe.

Esta visión negativa hacia la Policía Nacional se acompaña de una desconfianza generalizada hacia las autoridades políticas, las cuales son vistas como las principales responsables de las violaciones a los derechos humanos, incluidos los partidos políticos (5.23%) y la Presidencia de la República (4.92%).

En tanto, entidades como las organizaciones de la sociedad civil (2.24%) y el defensor del Pueblo (2.43%) presentan porcentajes de desaprobación menores.

De acuerdo con el informe, la alta proporción de personas que identifican a la Policía Nacional como la principal institución violadora de derechos pudiera explicarse por el contexto complejo que enfrenta la ciudadanía respecto a su derecho fundamental a la integridad personal y a la libertad personal.

No obstante, a pesar de la percepción negativa sobre el respeto a los derechos humanos, durante los debates de las consultas regionales, la ciudadanía en general no manifestó estar a favor de una reducción en la acción policial; por el contrario, se reconoció que uno de los principales desafíos para garantizar la seguridad pública radica en la falta de equipos adecuados y en la insuficiente capacitación del personal policial.

Esta dualidad fue identificada tanto en los diálogos como en las consultas regionales, que subrayan la necesidad de fortalecer a la institución para mejorar su desempeño y responder de manera más efectiva a las necesidades de la sociedad.

Otros temas identificados en las consultas regionales fueron las dificultades para acceder a trabajos y salarios dignos, barreras institucionales y físicas para el ejercicio del libre tránsito, la degradación ambiental (especialmente desde la perspectiva del manejo de los recursos hídricos), falta de infraestructura adecuada para promover el deporte y el déficit habitacional en las regiones Ozama y Valdesia.

En lo que respecta a los espacios donde se violan derechos, las mujeres tienden a identificar más que los hombres el lugar de trabajo como espacio donde ocurrió la vulneración. Mientras, ellos identifican con mayor frecuencia los destacamentos policiales.

“Esta diferencia revela cómo las experiencias varían entre hombres y mujeres, influenciando el tipo de instituciones o lugares que consideran más problemáticos. Tal disparidad subraya la importancia de abordar las necesidades específicas de cada grupo, promoviendo políticas y acciones que garanticen una protección más equitativa y efectiva de los derechos en todos los ámbitos de la sociedad”, sugiere el informe.

Como aspecto positivo, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2025) apunta a que cerca del 55 % de las personas entrevistadas consideró que los derechos humanos hoy están igual o más garantizados que hace cinco años. “Esto refleja una sensación de progreso, aunque aún con baches considerables”.

¿Quiénes son los grupos más susceptibles de vulneración de derechos?
Esta fue una de las preguntas centrales de la investigación.

Poblaciones más afectadas por la vulneración de los derechos

Se identificó a los migrantes de origen haitiano, las mujeres, las personas con discapacidad, pacientes de VIH, envejecientes y grupos LGBTQ entre las poblaciones percibidas como más vulnerados.Según la ENDH 2025, la población inmigrante, especialmente de nacionalidad haitiana, enfrenta una notoria falta de garantías para la protección de sus derechos, particularmente en los procesos y trámites migratorios.

Esto se sustenta en que mientras el 51 % de la población consultada consideró que la población inmigrante haitiana enfrenta mucha discriminación, solo el 20 % manifestó lo mismo respecto de la población extranjera no haitiana.

“Esto evidencia las diferencias particulares dependiendo el origen de la migración. En este sentido, se observa que la población inmigrante, y en particular la haitiana, ha debido enfrentar obstáculos que incluyen la falta de garantías en los procesos de deportación, así como restricciones al libre tránsito, al acceso a servicios públicos y al ejercicio del derecho a la nacionalidad”, subraya el documento.

Las mujeres y personas con discapacidad Entre los grupos más susceptibles de vulneración de derechos, ocupan el segundo lugar, después de la población inmigrante, las mujeres dominicanas, quienes enfrentan múltiples barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

Según las fuentes primarias del informe, estas barreras se concentran en cuatro ámbitos críticos: participación política y representación; equidad económica y laboral; integridad personal frente a la violencia de género; y acceso efectivo a la justicia.

“Estas problemáticas no son aisladas sino que reflejan desigualdades estructurales basadas en el género que requieren atención prioritaria del Estado”, destaca el documento.

En la población vulnerable, entran las personas con discapacidad, estas enfrentan barreras físicas y falta de accesibilidad en espacios públicos y educativos, poca inclusión en servicios esenciales y dificultades para la integración laboral y acceso a protección social. Además, persisten desafíos para lograr equidad económica, pensiones dignas y atención de salud especializada. La población privada de libertad históricamente también ha sido un grupo vulnerable en la República Dominicana. En el país se reportan 24,671 personas privadas de libertad (9,395 condenadas y 15,276 en prisión preventiva) (DGSP, 2025).

“Esto habla de las dificultades del sistema para agilizar los procesos judiciales”, afirma el estudio.

TD: PEC