Octubre 06/2025. Lunes, inicio de la semana laboral — Lunes de Templanz

Por: Ing. Rafael A. Sánchez C.

“Sométase toda persona a las autoridades superiores.” (Romanos 13:1).

Esta exhortación bíblica exige que la autoridad sea legítima, justa y ejercida con templanza — no con apetito recaudatorio.

La relación entre la ciudadanía y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) atraviesa una preocupante crisis de credibilidad. Las cifras oficiales revelan un volumen masivo de sanciones: solo en el año 2024 la institución emitió más de un millón y medio de multas, y en el primer semestre de 2025 ya superaba el millón de infracciones a nivel nacional. Estos números, lejos de ser datos neutros, reflejan comportamientos institucionales, presiones operativas y una pérdida progresiva de confianza pública.

La Ley 63-17 y su reglamentación establecen al INTRANT como órgano rector, y a la DIGESETT como autoridad ejecutora en materia de fiscalización y control del tránsito. Este marco legal debe garantizar una clara separación de funciones: la regulación y planificación de la movilidad, por un lado, y la ejecución sancionatoria orientada a la seguridad vial, por el otro. Cuando una institución operativa comienza a actuar como una unidad recaudadora, se produce un conflicto estructural que distorsiona su esencia y genera efectos predecibles: parcialidad en las actuaciones, priorización de la cantidad sobre la calidad, y pérdida del propósito original de proteger la vida y el orden público.

Desde una perspectiva jurídica y ética, un órgano de control nunca debe convertirse en ente de recaudación. La transparencia y la separación de roles son condiciones indispensables para evitar ese deslizamiento institucional que termina desnaturalizando la autoridad.

Esa desviación no es mera sospecha ciudadana: las denuncias de multas arbitrarias, la acumulación de infracciones y los casos de cobros irregulares evidencian una realidad que urge corregir. Se ha documentado un número creciente de sanciones pendientes, algunas sin soporte técnico ni evidencia verificable. En lenguaje claro: si se premia a los agentes por la cantidad de multas impuestas, inevitablemente algunos perderán el sentido de justicia y actuarán motivados por la cifra, no por la razón legal ni por la prudencia profesional.

“El respeto al derecho ajeno es la paz.” — Benito Juárez.

Esta frase inmortal nos recuerda que la autoridad y el ciudadano deben coexistir en armonía de derechos y deberes. Cuando el respeto desaparece de cualquiera de los dos lados, el conflicto sustituye a la ley, y la autoridad pierde legitimidad. En la actualidad, los frecuentes enfrentamientos entre agentes y conductores son una clara evidencia de que algo anda mal, muy mal. Las discusiones, empujones y hasta agresiones verbales que se han vuelto virales en redes sociales son síntomas de una autoridad que, por exceso de poder, se deslegitima ante los ojos del pueblo.

“Existen financistas que le cierran las persianas a los centavos y le abren las puertas a los peso$$$.” — Ing. Rafael A. Sánchez C.

Esta sentencia retrata con ironía lo que ocurre cuando los intereses económicos se anteponen al orden público. Cuando las multas se convierten en un objetivo de ingresos, la justicia se vuelve selectiva y la autoridad, un simple medio para producir dinero. En un país donde la siniestralidad vial supera las 3,000 muertes anuales y deja profundos daños económicos y sociales, el enfoque institucional debe ser ético, técnico y preventivo, no recaudatorio.

Para restaurar la confianza y devolverle a la DIGESETT su rol esencial de autoridad garante y no de cobradora compulsiva, propongo medidas concretas y viables:

1. Auditoría independiente del sistema de multas, que revise actas, cobros y conciliaciones, y publique un registro público verificable de sanciones con su respectiva evidencia.
2. Redefinición de métricas institucionales, eliminando incentivos ligados a la cantidad de multas y sustituyéndolos por indicadores de reducción de accidentes y educación vial.
3. Capacitación continua y ética de los agentes, orientada al respeto de los derechos ciudadanos y al uso proporcional de la fuerza.
4. Creación de una plataforma de apelaciones digital y transparente, que permita al ciudadano impugnar actas con pruebas y obtener respuesta rápida y verificable.
5. Fortalecimiento de los mecanismos de control externo, con participación de representantes de la sociedad civil y defensoría del conductor.
6. Implementación de tecnología con trazabilidad, mediante cámaras, radares y GPS que garanticen la autenticidad y transparencia de cada sanción impuesta.

En mi terruño, en mi patria chica, en mi Vallejuelo querido, solemos decir con sabiduría campesina: “Si el que manda solo busca dinero, la ley pierde su alma.”

Esa verdad sencilla debe inspirar las reformas institucionales del presente. La ley debe servir a la justicia, no a la renta.

Reflexión final y llamado a la acción:

Al Gobierno de la República, al Ministerio de Interior y Policía, al INTRANT y al Director de la DIGESETT: actúen con sentido de Estado. Auditen, separen funciones, eliminen incentivos perversos y devuelvan la confianza al ciudadano.

A la ciudadanía: respetemos las normas, colaboremos con los agentes y denunciemos las irregularidades con pruebas y responsabilidad.

Solo con respeto mutuo —autoridades formadas y ciudadanos conscientes— podremos restaurar la verdadera autoridad, aquella que protege, educa y orienta.

Articulo de: Ing. Rafael A. Sánchez C. DIOS ES BUENAZO…!!!