Por Rodolfo Ramirez
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, cuestionó este martes la reciente aprobación en el Senado de penas de 20 y 25 años para quienes se dediquen al tráfico de migrantes, así como la decisión de hacer este delito imprescriptible.
Durante una entrevista en el programa Libremente, que se transmite por VTV canal 32, Cedeño expresó su desacuerdo con el enfoque punitivo adoptado por los legisladores.
“El delincuente no calcula la cuantía de la pena. El que se va a robar una casa no está pensando si le van a caer 10 años, y el que va a dar un tiro no calcula si son 20 o 25”, afirmó.
En su opinión, subir las penas de 10 a 25 años no representa una verdadera solución, pues entiende que lo importante es prevenir el delito, no endurecer los castigos.
“Yo creo en políticas de seguimiento y control para evitar este tipo de cosas. El tráfico de migrantes se controla con presencia efectiva en la frontera, con policías y guardias distribuidos estratégicamente, no con penas más altas”, subrayó.
El legislador también propuso que, más allá del castigo, se implementen leyes integrales que funcionen como un «muro jurídico» para disuadir la migración irregular, en especial desde Haití. A su juicio, esto sería más efectivo que cualquier modificación penal.
Además, planteó la necesidad de regulación en otros sectores, como crear licencias para la manipulación de alimentos, otorgar permisos específicos para el transporte informal (concho), y establecer un registro formal para estas actividades, como parte de un esfuerzo más amplio de orden institucional.
- Sobre la normativa
El Senado de la República aprobó a unanimidad y en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo.
En lo adelante la pieza establece penas de 20 y 25 años y se impondrá la inhabilitación por 10 años al funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas. Además, se aprobó la imprescriptibilidad del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Esta iniciativa incluye, como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.
