Por Rodolfo Ramirez
Francisco Alberto Cedeño Amparo se escapó cuando era trasladado a la Corte de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia que le fue impuesta por la muerte de un hombre.
Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia autorizó la entrega en extradición de un dominicano solicitado por Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.
Francisco Alberto Cedeño Amparo se escapó cuando era trasladado a la Corte de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia que le fue impuesta por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, dos hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008.
En 2016, luego de su fuga hacia República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico colocaron una alerta, que llevó a su arresto. En el proceso se estableció que anteriormente también se había fugado de la justicia puertorriqueña tras imponérsele el pago de una fianza de 1.5 millones de dólares.
El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, adoptó la decisión tras acoger la solicitud formulada por el Gobierno Estados Unidos, al establecer que fue incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia ordenó que se ponga a cargo a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión para que sea comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que disponga la entrega del arrestado solicitado en extradición, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes que rigen la materia.
Contra el procesado se mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva hasta tanto se disponga su extradición.
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