Por Rodolfo Ramirez
La República Dominicana avanzó en sus esfuerzos para combatir la trata de personas y ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir este delito, perseguir a los responsables y fortalecer la protección de las víctimas.
Entre las principales acciones figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el objetivo de eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad, en consonancia con los estándares internacionales, especialmente en situaciones de explotación sexual.
Asimismo, el Gobierno aprobó y destinó recursos del presuppresupuesto nacional al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. También adoptó la Resolución núm. 13-2024, que establece un procedimiento para la entrega de documentos de identificación a personas apátridas.
El proceso de reforma legislativa incluyó consultas con representantes de la sociedad civil y sobrevivientes de trata. A esto se suma la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión para determinados delitos de explotación de menores.
En materia de persecución penal, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos al amparo de la legislación especial. El informe también destaca las investigaciones contra ocho funcionarios presuntamente vinculados a estos delitos, tres de los cuales enfrentaron procesos judiciales, incluidos miembros de los cuerpos de seguridad.
En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables, entre ellos la agricultura, la construcción y la industria azucarera. Como resultado de estas intervenciones, se suspendieron las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso.
De igual manera, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, con el propósito de reducir su vulnerabilidad y favorecer la protección de sus derechos.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, las autoridades identificaron a 136 personas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado. Los servicios incluyeron asistencia médica y psicológica, asesoría legal y traducción.
La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) mantuvieron la coordinación para garantizar el funcionamiento de refugios especializados y la protección de víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
El informe también resalta las campañas de prevención en varios idiomas y las capacitaciones dirigidas al personal encargado de hacer cumplir la ley, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a la trata de personas.
TD: PP
