Por Rodolfo Ramirez
Elizabeth Beriguete experta en Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) consideró este lunes que el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), “Carlos Pimentel, no domina todavía la colusión de Inabie”, durante una entrevista en el Panorama de la Mañana.
“La colusión de Inabie es especializada. No se produce entre que dos o tres oferentes se pongan de acuerdo. Ahí la colusión nace en la institución y se produce entre los empresarios que tienen múltiples cocinas y los funcionarios expertos que dirigen a los expertos en cada etapa”, aclaró Beriguete.
En el argot de la administración pública y la naturaleza de las Compras y Contrataciones en la República Dominicana, la colusión es un acuerdo secreto o ilícito entre dos o más oferentes (o entre proveedores y funcionarios) para manipular los procesos de licitación y limitar la libre competencia.
Colusión: manipulación de procesos
Es decir, se traduce en la manipulación de los procesos de compras públicas mediante acuerdos ilícitos o secretos entre oferentes con el fin de alterar el resultado de una licitación. En términos sencillos, ocurre cuando dos o más empresas que deberían competir entre sí se ponen de acuerdo en secreto para decidir quién ganará el contrato, qué precios van a cobrar o cómo se repartirán los procesos del Estado.
“Ya han cerrado 40 cocinas, ¿y los funcionarios que participaron en eso, quién los ha tocado? Y por eso digo que en Inabie los resultados hablan. Él sigue cerrando”, al referirse al actual director del Inabie, la analista de crímenes financieros. La especialista denunció que a la mayoría de las cocinas que ganaron la licitaron le robaron sus contratos y el proceso mostrenco fue realizado en combos.
La consultora de las MiPymes recordó que en septiembre de 2025 advirtió lo que pasaría con estos procesos de adjudicación en el Inabie, y que las actuales autoridades recorrerían el mismo trayecto que las gestiones administrativas pasadas, de Cecilio Rodríguez y Víctor Castro, exdirectores de la referida entidad.
Pimentel y Pérez: dos novatos
A todo esto, la auditora forense, sobre la gestión actual de Adolfo aclaró que es un muchacho, le faltan las millas extras y, “no ha logrado manejar el tigueraje que existe en Inabie”.
Respecto a la evaluación de las cocinas para la adjudicación dijo que se bifurcó en dos direcciones, “a quienes sí y a quienes dos”, la cual está luchando por 45 oferentes a los cuales le han sido despojadas sus adjudicaciones del PAE. Este dato se corresponde con la muestra de investigación de la experta que tiene alcance geográfico nacional.
Bajo este supuesto esquema de corrupción administrativa, se contradice la naturaleza de la nueva Ley. Núm. 74-25 que establece en el Artículo 1, su objeto del régimen jurídico de la contratación pública mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
El dato
Elementos clave y modalidades bajo la nueva ley
La reforma legal y las normativas de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) junto a ProCompetencia identifican esta práctica como una de las infracciones anticompetitivas más graves, manifestándose a través de las siguientes modalidades:
Fijación de precios: Los competidores acuerdan de antemano establecer precios idénticos o excesivamente altos para asegurar mayores ganancias a costa del Estado.
Presentación de ofertas de resguardo (o ficticias): Varias empresas participan en el proceso, pero presentan ofertas intencionalmente inaceptables o más caras para simular competencia y garantizar que gane el competidor designado por el cartel.
Rotación de ganadores: Las empresas pactan turnarse la adjudicación de los contratos en diferentes licitaciones consecutivas.
Asignación de mercado o clientes: Los oferentes se dividen geográficamente el país o se reparten las instituciones públicas para no competir entre sí.
Abstención concertada: Acuerdan explícitamente que algunos de ellos no presentarán ofertas o retirarán las ya presentadas para beneficiar a un tercer.
TD: PP
