Por Rodolfo Ramirez
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha ordenado a sus fiscales priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, entre ellos:
Los que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo a aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o que participaron en torturas, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
También, contra personas que promovieron o fomentaron las actividades de bandas criminales transnacionales y carteles de la droga, así como los extranjeros que cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ, Brett A. Shumate, ha enviado un memorando en el que advierte que su oficina promoverá al máximo” los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas.
Además, el DOJ abrió un frente contra los ciudadanos naturalizados que participaron en diversas formas de fraude financiero, incluyendo delitos contra el programa de seguro público Medicaid.
Pero el memorando también establece que se evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo suficientemente importante como para investigarlo, otorgando a los fiscales del DOJ mayor discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) han condenado la vaguedad y el amplio alcance de la directiva.
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