Por Rodolfo Ramirez
El abogado de Miguel Antonio Valenzuela caso (Miguelito), Carlos Rodríguez, desmintió este martes los resultados de la autopsia realizada al cadáver del fallecido, supuestamente, por leptopirosis, y que ese diagnóstico llegó a la Fiscalía de San Cristóbal, pero, a la fecha, la parte interesada no ha sido convocada por el Ministerio Público.
“Por desgracia ella hizo un comunicado oficial para la prensa, pero, no ha llamado a los familiares para presentar los resultados”, explicó el jurista. La familia del fallecido de 44 años de edad, aseguró en una entrevista en el Panorama de la Mañana que se le ocultaron situaciones de salud como fiebre y dolores corporales.
El diagnóstico de la negatividad de que haya padecido leptopirosis es avalado por el Laboratorio Amadita, tras haberle hecho un estudio de orina en ese laboratorio como la evidencia que respalda a la familia para contradecir la versión de la policía y de la fiscal.
Rodríguez amparándose en el Código Procesal Penal en su artículo 365 de la medida de coerción dijo que este establece que, “la medida de coerción no aplica en materia de infracciones leves salvo el arresto el cual no puede exceder en ningún las 12 horas a pena de nulidad sin requerimiento, “100 horas duró ese muchacho preso por un verifón”.
El jurista como vocero de la familia Valenzuela llamó al presidente Luis Abinader a tomar cartas en el asunto, “ese Ministerio Público no nos garantiza a nosotros que nos dará las informaciones que realmente queremos conocer, esa muerte no puede quedar impune”.
Los hechos de supuesto “abuso de poder”
El Caso Miguelito es una investigación judicial en curso en la República Dominicana tras la muerte de Miguel Antonio Valenzuela (también identificado por sus allegados como Miguel Antonio Lucas), un ciudadano con una condición de salud especial.
El afectado falleció en julio de 2026 tras haber permanecido privado de libertad durante unos seis días en el destacamento de la Compañía 17 de la Policía Nacional en San Cristóbal. Tras salir del recinto en un estado de salud sumamente deteriorado, fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Pablo Pina, donde murió poco después.
Antes de su deceso, la víctima llegó a confesarle a su padre que un capitán policial lo golpeaba sistemáticamente en prisión utilizando una media llena de arena, una denuncia de tortura que desató la indignación colectiva en la comunidad de Hatillo, cuyos residentes y familiares llegaron al extremo de llevar el ataúd con el cadáver hasta las puertas del cuartel en señal de protesta.
El caso ha entrado en una fuerte disputa legal debido a contradicciones médicas: mientras el informe oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) atribuye la muerte a complicaciones por leptospirosis, los abogados de la familia presentaron análisis de Laboratorios Amadita que revelan que dio positivo a dengue, argumentando que la versión oficial busca encubrir los traumatismos internos.
Actualmente, la Fiscalía de San Cristóbal mantiene abierta una investigación penal por maltrato bajo custodia, mientras que representantes de derechos humanos exigen que la Procuraduría General de la República asuma el caso de forma directa e independiente.
Medidas ante la muerte
Ante la muerte de «Miguelito», la Policía Nacional suspendió a los agentes implicados de la Compañía 17 de San Cristóbal y activó una investigación interna por presunto uso excesivo de la fuerza y tortura bajo custodia.
Paralelamente, la familia de la víctima recusó a la Fiscalía local ante la Procuraduría General de la República, solicitando a Yeni Berenice Reynoso una investigación independiente y la impugnación de la autopsia basándose en informes clínicos privados.
Esta situación evidencia una respuesta institucional urgente y una estrategia legal familiar enfocada en desmentir el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y sancionar la detención ilegal prolongada.
TD: PP
