Por Rodolfo Ramirez
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal para agosto próximo centró el debate del foro «Impacto del Nuevo Código Penal: ¿Avance o Retroceso?», organizado por Amigos que Suman y Gala Media Group, donde destacados juristas expusieron sus posiciones sobre la nueva legislación y los retos que implicará su aplicación.
Previo el panel y al ser consultados por la prensa, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats sostuvo que, tras años de discusión y múltiples modificaciones, el Código Penal debe entrar en vigor el próximo 1 de agosto, aunque consideró indispensable crear una comisión de seguimiento para evaluar su aplicación práctica en los tribunales.
Jorge Prats recordó que anteriormente cuestionó algunas disposiciones por entender que respondían al «populismo penal», al privilegiar penas más severas en lugar de garantizar la certeza de su aplicación.
Sin embargo, afirmó que varias de esas observaciones fueron atendidas durante el proceso de reforma.
Asimismo, destacó los cambios introducidos en materia de difamación e injuria, al considerar que fortalecen la protección de la libertad de expresión y se ajustan a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
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«No se puede pretender tener una ley perfecta. Hay que ver la ley caminando, respirando y transpirando. A partir de su aplicación se podrán identificar las modificaciones necesarias», expresó.
Agregó que el éxito del nuevo Código dependerá en gran medida de la actuación de jueces, fiscales, abogados, universidades y demás operadores del sistema de justicia.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reiteró que la institución favorece que el Código entre en vigencia en agosto, pero acompañado de una comisión técnica que evalúe alrededor de 23 artículos cuya redacción, a su juicio, requiere ajustes.
Informó que su oficina depositará formalmente ante el Congreso Nacional una propuesta con observaciones enfocadas principalmente en mejorar la técnica legislativa y precisar algunos conceptos relacionados con la protección del honor, el buen nombre y las garantías procesales.
«Desde el primer momento la posición del Defensor del Pueblo ha sido que el Código tiene que entrar en vigencia en agosto», afirmó Ulloa, al considerar que los espacios de discusión pública ayudan a despejar las dudas existentes en distintos sectores de la sociedad.
El abogado penalista Miguel Valerio calificó el foro como un ejercicio saludable para debatir una legislación que tendrá un impacto directo en los ciudadanos.
Manifestó su respaldo a reducir las penas por difamación e injuria para quienes incurran por primera vez en esos delitos, sustituyéndolas por multas, aunque defendió mantener sanciones severas para quienes utilicen la difamación con fines de extorsión.
Empero, cuestionó algunas de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, al considerar que contienen errores técnicos y podrían dejar sin mecanismos de protección legal a los funcionarios públicos frente a imputaciones falsas.
Valerio también resaltó que el nuevo Código incorpora delitos que no estaban contemplados en la legislación vigente, como las estafas piramidales, los delitos relacionados con activos virtuales y nuevas modalidades de abuso de confianza, por lo que entiende que representa un avance frente a las nuevas formas de criminalidad.
«Somos partícipes de que el Código Penal entre en vigencia. Cualquier revisión siempre podrá hacerse posteriormente, porque la criminalidad evoluciona mucho más rápido que la legislación», expresó.
En contraste, el abogado penalista Francisco Álvarez Martínez entiende que no existe urgencia para que el Código entre en vigor sin antes alcanzar un mayor consenso sobre los artículos que generan controversia.
Argumentó que aplazar unas semanas su implementación no provocaría ningún perjuicio institucional y permitiría corregir disposiciones que podrían afectar derechos de personas sometidas a procesos judiciales antes de ser modificadas.
«Hoy tenemos el Código Penal vigente y seguimos funcionando. Un mes más o un mes menos no va a provocar ninguna catástrofe», afirmó.
Álvarez Martínez también se mostró partidario de revisar las penas previstas para los delitos contra el honor, como la difamación y la injuria, al considerar que en la mayoría de los casos resultan excesivas. Sin embargo, sostuvo que la denominada difamación extorsiva debe mantenerse como una conducta sancionada con mayor severidad.
El jurista insistió en que la discusión debe realizarse antes de la entrada en vigencia del Código, para evitar que ciudadanos sean juzgados bajo disposiciones que posteriormente puedan ser modificadas.
El foro, realizado en la Universidad Católica de Santo Domingo reunió a especialistas del ámbito jurídico para analizar los principales cambios contenidos en el nuevo Código Penal y las implicaciones de su implementación, en un contexto en el que diversos sectores continúan debatiendo el alcance de la reforma penal dominicana.
TD: PP
