Por Rodolfo Ramirez
Los feminicidios en la República Dominicana, son una de las expresiones mas dolorosas que enfrenta la sociedad dominicana y, al mismo tiempo, una evidencia de que las instituciones encargadas de prevenirlos y enfrentarlos siguen mostrando serias debilidades.
En la República Dominicana, cada feminicidio no solo representa la pérdida irreparable de una vida, sino también el fracaso de un sistema que, pese a múltiples alertas, sigue sin responder con la eficacia que exige una problemática tan grave. Las noticias de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas se repiten con una frecuencia alarmante, dejando en evidencia que el país aún no logra frenar esta epidemia de violencia de género.
La indignación colectiva suele encenderse tras cada caso. Las redes sociales se llenan de mensajes de rechazo, las autoridades emiten comunicados y se anuncian investigaciones. Sin embargo, pasada la conmoción, la realidad sigue igual: nuevas víctimas aparecen y el patrón se repite, como si las lecciones nunca fueran aprendidas.
Uno de los puntos más preocupantes es la debilidad preventiva de las instituciones. Muchas de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente amenazas, agresiones físicas o acoso por parte de sus agresores. Algunas incluso contaban con órdenes de alejamiento que, en la práctica, resultaron ser simples documentos sin capacidad real de protección. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿de qué sirve denunciar, si el Estado no puede garantizar la seguridad de quien busca ayuda?
Las autoridades policiales y judiciales tienen una responsabilidad ineludible. No basta con actuar después del crimen; la verdadera misión debe ser evitar que ocurra. Sin embargo, persisten fallas en el seguimiento de denuncias, falta de personal especializado, escasez de refugios para mujeres en peligro y una burocracia que muchas veces desanima a las víctimas a continuar sus procesos legales.
A esto se suma una cultura de indiferencia que normaliza conductas violentas y minimiza señales de alarma.
En demasiados casos, vecinos, familiares e incluso funcionarios conocen la situación de riesgo, pero no se toman acciones contundentes. El feminicidio, entonces, no es solo responsabilidad del agresor, sino también de un sistema que permitió que la amenaza creciera hasta convertirse en tragedia.
El combate a esta problemática requiere mucho más que discursos y campañas ocasionales. Se necesita fortalecer la respuesta institucional, dotar de recursos reales a las fiscalías y unidades de atención a víctimas, crear mecanismos de protección inmediatos y, sobre todo, educar desde la familia y las escuelas para erradicar la violencia machista que sigue cobrando vidas.
Cada mujer asesinada deja hijos huérfanos, familias destrozadas y una sociedad más herida. Pero también deja una acusación silenciosa contra un Estado que llega tarde, cuando ya nada puede hacerse. Mientras las autoridades no asuman con firmeza su papel preventivo, los feminicidios seguirán siendo una dolorosa muestra de la incapacidad institucional para proteger a quienes más lo necesitan.
