Por Rodolfo Ramirez
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, fue emplazado formalmente para comparecer ante los tribunales en el marco de un proceso de ejecución de sentencias laborales definitivas que, según los reclamantes, continúan sin ser cumplidas por el Estado dominicano.
El abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos y representante legal de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos Molina Romero, informó que el Ministerio de Obras Públicas no ha ejecutado varias decisiones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por lo que fue necesario iniciar acciones judiciales para exigir su cumplimiento.
Batia explicó que, mediante el Acto No. 229-26 de Notificación de Auto y Emplazamiento, fueron citados tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Procuraduría General Administrativa (PGA) para comparecer a la audiencia correspondiente dentro del proceso de ejecución de las sentencias.
El jurista sostuvo que las medidas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de decisiones que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en apego a los principios de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y respeto al Estado de derecho.
Embargos contra fondos del MOPC
Como parte del proceso, los reclamantes también iniciaron procedimientos de embargo retentivo y oposición a la entrega de valores contra el MOPC.
En ese sentido, Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez notificó, mediante el Acto No. 266-26, un embargo retentivo sobre fondos del ministerio depositados en el Banco de Reservas, sustentado en la Sentencia Definitiva No. 0030-02-2025-SSEN-00702, emitida el 6 de noviembre de 2025 por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
De igual forma, Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero ejecutó un procedimiento similar mediante el Acto No. 265-26, basado en la Sentencia Definitiva No. 0030-1643-2025-SSEN-00799, dictada el 21 de noviembre de 2025 por la Quinta Sala del TSA.
Según la defensa, estas acciones tienen como propósito lograr la ejecución de fallos judiciales definitivos que reconocen derechos a favor de sus representados y que, afirman, aún permanecen pendientes de cumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas.
TD: PP
